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Un estudio publicado recientemente revela que más del 80% de los encuestados cree que las decisiones educativas responden a intereses partidistas.
El sistema educativo español atraviesa una profunda crisis de confianza: nueve de cada diez ciudadanos no creen que los políticos tengan la capacidad, ni la voluntad, de mejorarlo. Así lo refleja el I Barómetro EducAcción: Percepción del sistema educativo en España 2025, un estudio elaborado por Metroscopia con el apoyo de la Fundación Unicaja y promovido por la Cátedra de Educación de la UAM.
A su vez, la educación se sitúa entre las principales preocupaciones sociales. «Estamos hablando de un consenso generalizado«, resumió Sonia Díez, presidenta del Comité Científico de la Cátedra de EducAcción de la UAM, en la presentación del estudio.
«Los resultados son absolutamente equivalentes en la pública, en la privada, en la concertada y en todas las regiones. Estamos asistiendo a un cambio social que no depende de la gobernanza autonómica, sino de la propia estructura del sistema«, añade en declaraciones a El HuffPost la educadora, psicóloga y economista.
El malestar es transversal, arrastrando por igual a familias, estudiantes, docentes y comunidades autónomas. Por eso, la pregunta ya no es si el sistema educativo español requiere una reforma, sino cómo y quién debe liderarla. «Una necesidad no es negociable, y nuestro país necesita una educación mejor», asevera.
Por su parte, María Sánchez, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) califica algunos resultados de «un poco pesimistas», aunque afirma coincidir en parte con el estudio: «Las cuestiones que plantea el estudio son las que nosotros en muchas ocasiones llevamos ante el Ministerio de Educación y ante las Administraciones Autonómicas, que son las que tienen las competencias en educación».
Los políticos, en el punto de mira
El barómetro se ha construido a partir de 2.000 entrevistas: 1.500 aleatorias y otras 500 a familias con hijos en edad escolar. «Teníamos algunas intuiciones de que podía haber opiniones diferentes«, explica David Rojo, analista de Metroscopia, para justificar este método mixto. Sin embargo, agrega, no encontraron tales diferencias, «lo cual también indica que existe una percepción generalizada».
El dato más demoledor es la desconfianza en la política. El 81% de los encuestados cree que las decisiones educativas responden a intereses partidistas y nueve de cada diez no confían en el compromiso real de los políticos para mejorar el sistema.
«Un 80% es un dato muy elevado. Significa que lo dice gente de todo tipo. En ciencias sociales no solemos ver cifras tan unánimes. Es un reflejo claro de la preocupación y del hartazgo«, subraya Rojo.
«La educación tiene que dejar de ser un arma electoral» María Sánchez, presidenta de CEAPA
En la política reside precisamente la principal demanda de Sánchez: «Deberíamos exigir que sean ambiciosos con la educación en nuestro país. La educación es la inversión del futuro».
En este sentido, recuerda que, aunque la Ley Orgánica marca el marco general, las comunidades autónomas tienen la competencia de desarrollarla. El resultado: «Existen 17 respuestas diferentes. No es igual estudiar en una comunidad que en otra, porque el desarrollo de la ley en cada autonomía difiere. Y eso no debería ser, porque tu educación no puede depender del código postal en el que vives«.
Asimismo, reconoce que cada autonomía suele destacar en un ámbito concreto, pero ninguna lo hace en todo: «No hay ninguna completísima al 100%. Tenemos mucho que hacer todavía».
Insiste particularmente en la urgencia de dejar a un lado la rivalidad política para alcanzar un pacto: «La educación tiene que dejar de ser un arma electoral. Cada vez que cambia un gobierno, lo primero que hace es derogar la anterior ley educativa. Necesitamos sentarnos de una vez, con sinceridad, y decidir qué queremos. Porque lo que acordemos hoy marcará el futuro de la sociedad dentro de diez, veinte o cincuenta años«.
Cuatro demandas prioritarias
Entre los reclamos de los encuestados destacaron cuatro demandas:
- Más recursos e inversión. El 70% de ciudadanos ve insuficiente la dotación de recursos humanos, técnicos y económicos.
- Mayor conexión entre la escuela y el mundo laboral. «En ninguna cabeza cabe que un alumno que esté en la misma etapa evolutiva de secundaria, con una orientación universatiria en vez de formación profesional, no tenga prácticas, que su único contacto con la realidad sea después de otros seis años de estudio», denuncia Díez.
- Mejora de la formación del profesorado. «La nota que se pide para magisterio es de las más bajas. Tendría que estar al nivel de la medicina, porque al final son las personas que van a educar a la sociedad del futuro», reclama Sánchez.
- Una enseñanza más centrada en valores y ciudadanía. Esto debe empezar, según la presidenta de CEAPA, por los propios profesores: «Hay que incorporar la pedagogía, empatía, asertividad… y muchos más valores que debería tener un docente, que a veces únicamente se miden por la nota que sacan en la oposición».
El dato más contundente al respecto es que un 87% considera imprescindible una transformación profunda, y un 63% cree que esa transformación «ya llega tarde».
El experto también destaca que la mitad de los españoles cree que el sistema funciona mal. En concreto, el 59% considera que la situación es igual o peor que antes, lo que muestra una «sensación de declive», y seis de cada diez piensan que seguirá así de mal o empeorará en los próximos años.
María Sánchez se muestra algo más optimista. Si bien reconoce que todavía queda mucho camino por recorrer, defiende los avances en el currículo escolar como reflejo de una sociedad en transformación. En particular, menciona la implantación de la ESO: «Fue un avance porque aumentó en dos años la educación obligatoria en nuestro país, que antes era hasta los 14 años y ahora es hasta los 16».
Aun así, confiesa que no le gusta la rigidez que sigue imperando el sistema educativo. Hace hincapié en la paradoja de que, en una sociedad que ha experimentado transformaciones sociales y tecnológicas radicales, como la de la Inteligencia Artificial (IA), la enseñanza continúa girando en torno al esquema tradicional: un docente, un libro y tareas escolares. «Existen docentes innovadores que aplican nuevas metodologías pedagógicas, pero la mayoría sigue anclada en el patrón del libro de texto», lamenta. «Es durísimo ver a niños con altas capacidades fracasar, o a niños que son asperger vivir situaciones de bullying porque no hay más que una forma de atender al colegio» Sonia Díez, presidenta del Comité Científico de la Cátedra de EducAcción de la UAM
También destaca que el sistema educativo peca de homogeneizar en exceso: «Se supone que un alumno de 8 años tiene que tener el mismo nivel en todas las asignaturas y aprender el mismo día a hacer multiplicaciones. Eso no es posible. No todos los niños tienen las mismas capacidades en el mismo momento de desarrollo». Esto puede derivar en abandono escolar prematuro, una cuestión que inquieta al 78% de la población.
«Es durísimo ver a niños con altas capacidades fracasar, o a niños que son asperger vivir situaciones de bullying porque no hay más que una forma de atender al colegio», lamenta Díez. Un pesar que comparte con el 85% de los encuestados. «Todo esto, esta segunda vara de medir con respecto a la educación tiene una posibilidad de cambio y ese momento es ahora porque existen opciones», apostilla.
Ante la inacción política, ¿es el momento de la sociedad?
Las demandas de la sociedad parecen más que evidentes, así como su descontento con los líderes políticos. Pero, ¿y si los ciudadanos fueran quienes tienen realmente el poder del cambio en sus manos? «Volcamos la responsabilidad en las instituciones políticas, pero hay un espacio grande para que la población civil participe», asegura Sonia Díez.
«Si te sientes víctima de lo que otros determinan por ti, tienes un problema muy grande. Pero, si tomas iniciativa y participas en la búsqueda de soluciones, estás reclamando un espacio, y así es mucho más fácil de encontrar«, sentencia.
Lo primero que hace la experta para saber cómo comenzar la transición es identificar los obstáculos que puede encontrarse:
- La inercia institucional, que se protege bajo la excusa de que «todo está bien como está».
- Una burocracia ciega, que «impide la innovación porque al final tenemos un montón de normas que están asfixiando la línea de cambio».
- El tecnocentrismo sin alma, que cree que la tecnología resolverá todo sin atender al factor humano.
- El inmovilismo partidista, que «encapsula las iniciativas educativas en partidos políticos».
- El miedo disfrazado de prudencia, que impide avanzar al ritmo que marcan otros países.
Ante este escenario, el movimiento que lidera, llamado EducAcción, se presenta como «un ecosistema que pretende contribuir o ayudar a ese desarrollo o cambio educativo que percibimos necesario, no solo nosotros sino que la sociedad también reclama».
Para ello, la iniciativa gira en torno a dos pilares. Por un lado, la Alianza por el Futuro de la Educación a través de un manifiesto que invita a la participación ciudadana. Las personas interesadas pueden contribuir con sus propuestas a través de su página web, disponible hasta el 1 de noviembre. «Nos interesa que todo el mundo que tenga visiones, opiniones o proyectos los comparta. Este cambio requiere sumar talento y creatividad», señala.
Por otro lado, su equipo trabaja en la creación de un observatorio educativo con siete áreas de trabajo, en el que participarán expertos de prestigio y sensibilidades políticas diversas con el fin de ofrecer criterios claros y consensuados para orientar el futuro.
El objetivo principal del proyecto es marcar tres hitos en un plazo de dos años:
- Definir criterios claros de «hacia dónde queremos dirigirnos».
- Poner en valor esos criterios con experiencias concretas que se puedan llevar a la práctica y «de las cuales podamos extraer nuestro resultado».
- Con esos criterios y con esa experiencia, «entonces sí, legislar«.
Así, Díez reitera que el orden a seguir es buscar el consenso ciudadano, recopilar las demandas principales, buscarles posibles soluciones y, finalmente, presentarlas ante el Gobierno y las CCAA. «Hacerlo al revés, que es lo que acabamos haciendo siempre, es el error más grave que podemos cometer», concluye.
Fuente: HuffPost